El grado de bienestar que proporciona en España el sistema público de prestaciones a la Tercera Edad es insuficiente en ausencia de instrumentos de ahorro privados a largo plazo. Desde hace años la Administración potencia el ahorro privado con nuevos mecanismos que disfrutan de incentivos fiscales y legislación específica, con objeto de que las futuras generaciones de jubilados dispongan de un nivel de renta suficiente para afrontar sus años de jubilación.

            Los activos inmobiliarios suponen el 70% de la riqueza de las familias españolas. El desarrollo de instrumentos de transformación de dichos activos en renta ha supuesto para muchas personas mayores la solución a sus escasos ingresos mensuales: en la mayoría de casos la vivienda habitual es su única riqueza acumulada, los ahorros de su vida laboral.

            La conversión en renta del principal activo de la familia, la vivienda habitual, supone un mecanismo novedoso en España, si bien en otros países de nuestro entorno es una opción utilizada desde hace años.